El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas. La decisión de la Justicia se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme.
La Justicia ordenó normalizar el pago a los prestadores de salud de personas con discapacidad
La Justicia dictó una medida cautelar de alcance nacional para que el Ministerio de Salud regularice la situación con las prestadoras.
20 de mayo de 2026 - 07:37
En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.
El fallo, según consignó Infobae, tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ante la Justicia Federal de Córdoba, distintos prestadores ratificaron que no están recibiendo los fondos que les corresponden.
En tanto, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, brindó explicaciones y alegó un “reordenamiento estructural”. La versión del Ejecutivo indicó que las demoras en los pagos responden a los tiempos naturales del proceso que lleva corregir “desvíos acumulados” y “garantizar la sostenibilidad del sistema”. Por otro lado, está la transferencia administrativa: el traspaso del programa Incluir Salud de la ANDIS al Ministerio de Salud obligó a “adoptar nuevos estándares de gestión”, lo que demoró la tramitación de los pagos. Por último, sostuvieron que las demoras no implicarían reducción de cobertura ni desatención, sino que estarían en “pleno proceso de regularización”.
Definición de la Justicia
Entre sus fundamentos para dictar la cautelar, el juez Vaca Narvaja contrastó los argumentos oficiales con una serie de hechos fácticos como facturas impagas, intereses millonarios pagados al fisco por los prestadores, tratamientos suspendidos y medicamentos sin entregar durante tres meses.
La resolución judicial destacó que los atrasos en los pagos podrían generar interrupciones en los tratamientos y la cobertura de las prestaciones, lo que pondría en riesgo la salud de las personas involucradas. El peligro en la demora se fundamentó en la naturaleza de los derechos en juego, ya que la interrupción de los tratamientos puede provocar retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
