El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 e incorporó un nuevo mecanismo de pago voluntario para multas aplicadas en procedimientos administrativos por infracciones a esa normativa. La medida fue oficializada mediante el Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Defensa del Consumidor: el Gobierno habilitó descuentos del 50% para el pago voluntario de multas
La medida modifica la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor y busca disminuir litigios y costos judiciales.
La modificación establece que los proveedores sancionados podrán acceder a una reducción del 50% sobre el monto de la multa si aceptan la sanción y realizan el pago dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación de la resolución administrativa.
Según el texto oficial, el objetivo es agilizar la resolución de conflictos, reducir la litigiosidad administrativa y judicial y disminuir costos tanto para el Estado como para los privados involucrados.
Defensa del Consumidor: cómo funciona el pago voluntario de multas
El nuevo mecanismo modifica el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 24.240. A partir de ahora, quienes reciban una sanción administrativa podrán pagar la mitad del monto establecido, siempre que consientan la resolución y cumplan con el plazo previsto para el pago.
El beneficio dejará de aplicarse si el infractor presenta el recurso directo contemplado en el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor para cuestionar judicialmente la sanción.
Además, el decreto aclara que, aun con la reducción del 50%, el monto final de la multa no podrá ser inferior al mínimo legal vigente establecido para ese tipo de infracciones.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló que busca “disminuir la litigiosidad administrativa y judicial a efectos de evitar mayores costos y gastos causídicos, tanto de la Administración Pública Nacional como de los proveedores”.
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Ley de Defensa del Consumidor y multas: el objetivo del Gobierno con el nuevo esquema
Desde el Ejecutivo indicaron que mecanismos similares ya funcionan en distintas jurisdicciones locales y en otras regulaciones vinculadas al comercio interior. En ese marco, se resolvió incorporarlo al régimen nacional de defensa del consumidor.
La medida apunta también a reducir tiempos en la tramitación de expedientes y acelerar el cierre de procedimientos administrativos derivados de infracciones.
Con la incorporación del pago voluntario, los proveedores sancionados deberán optar entre aceptar la resolución y acceder a una reducción en la multa o avanzar con una impugnación judicial, perdiendo el beneficio económico previsto por el nuevo esquema.


