La actualización de los aranceles para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad quedó formalizada mediante la Resolución 2775/2026, publicada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND). El aumento es del 2,1% y rige para las prestaciones correspondientes al mes de agosto.
Aumentaron 2,1% las prestaciones básicas para personas con discapacidad
El Gobierno actualizó los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad. El aumento del 2,1% rige durante agosto.
25 de agosto de 2026 - 08:30
La suba fue calculada tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. De esta manera, los nuevos valores reemplazan a los establecidos para julio por la Resolución 2227/2026, que había dispuesto un incremento del 1,9%.
La actualización alcanza de manera uniforme a todas las modalidades incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio.
Discapacidad: nuevos aranceles para las prestaciones
Entre los valores actualizados, las prestaciones de Categoría A, correspondientes a los servicios de mayor complejidad, incluyen el arancel de un Centro de Día con jornada doble, que pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.
En la Categoría B, los valores son proporcionalmente menores. El Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente pasó a tener un arancel de $1.133.384,56.
Por su parte, la Categoría C, destinada a prestaciones de menor complejidad relativa, fijó el arancel del Hogar Permanente en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.
La resolución también ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en la denominada zona patagónica. El reconocimiento contempla las condiciones geográficas y de acceso de las provincias del sur del país.
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Prestaciones para personas con discapacidad y la cadena de pagos
La actualización de los aranceles se produce en un contexto de reclamos por la situación de los prestadores que trabajan con personas con discapacidad. En mayo de 2026, la Justicia Federal ordenó al programa Incluir Salud y al PAMI normalizar en un plazo de 72 horas la cadena de pagos a los prestadores.
Los demandantes habían denunciado que los prestadores no recibían fondos adeudados por el Estado, una situación que, según la presentación judicial, había derivado en la interrupción de terapias para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de dificultades en la entrega de medicamentos.
Ante el tribunal, el Ministerio de Salud sostuvo que las demoras estaban relacionadas con un “reordenamiento estructural” generado por el traspaso del programa Incluir Salud desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio. Según el organismo, el proceso de regularización se encontraba en marcha.
Cómo se actualizan los aranceles del sistema de discapacidad
La Justicia Federal rechazó esos argumentos al analizar las situaciones denunciadas y señaló la existencia de facturas impagas, tratamientos suspendidos e intereses millonarios. En su resolución, el juez remarcó que la interrupción de los tratamientos puede generar retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
El Nomenclador de Prestaciones Básicas fue aprobado originalmente en 1999 por el entonces Ministerio de Salud y Acción Social, mediante la Resolución 428, a partir de las facultades establecidas por el Decreto 1193 de 1998.
Desde entonces, los aranceles son actualizados periódicamente a partir de propuestas elevadas por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, el órgano colegiado encargado de la conducción del sistema. En este caso, la modificación surgió del Acta 432 de ese directorio y quedó formalizada mediante la Resolución 2775/2026, en el marco de la Ley 27.793.
