El Gobierno nacional decidió postergar hasta el martes 15 de septiembre la presentación y apertura de ofertas para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que originalmente estaba prevista para este jueves 27 de agosto. La prórroga se produjo luego de que empresas interesadas solicitaran más tiempo para completar la documentación requerida.
En los últimos días, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió un amparo para frenar el proceso, mientras busca que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participe de la licitación mediante la empresa pública ABSA.
Según explicó el Ejecutivo, la decisión busca garantizar una mayor participación y competencia en la licitación.
El proceso contempla la venta del 90% de las acciones de AySA que actualmente están en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continúa en poder de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. La empresa presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, alcanzando a unos 14 millones de personas.
La privatización es uno de los principales procesos de venta de empresas estatales impulsados por la gestión de Javier Milei. El Gobierno espera obtener alrededor de US$ 500 millones por la operación, mientras que el contrato de concesión contempla inversiones por unos US$ 1.940 millones durante los primeros cinco años y más de US$ 15.000 millones a lo largo de los 30 años previstos para la concesión.
Entre los grupos que aparecen como posibles interesados se encuentran empresas y empresarios vinculados al sector de servicios públicos. La postergación permitirá a los potenciales oferentes completar sus propuestas antes de la nueva fecha establecida por el Gobierno.
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El amparo de Gray contra la privatización de AySA
En paralelo al avance del proceso, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó ante la Justicia una acción de amparo contra las condiciones previstas para la privatización de AySA. El jefe comunal había cuestionado previamente el proceso y solicitado al gobernador Axel Kicillof que la Provincia participara de la licitación a través de Aguas Bonaerenses (ABSA).
Uno de los principales cuestionamientos de Gray está relacionado con el esquema de inversiones previsto en el pliego. Según planteó, la empresa que resulte adjudicataria podría no realizar obras estructurales durante los primeros diez años, mientras que varias de las obras necesarias para ampliar las redes de agua y cloacas quedarían postergadas para etapas posteriores.
El intendente también cuestionó el régimen previsto para los cortes del servicio por falta de pago. De acuerdo con el pliego citado en su presentación judicial, para usuarios residenciales el corte podría producirse cuando la mora supere los 60 días corridos, mientras que para los usuarios no residenciales el plazo sería de 15 días corridos, contabilizados desde el segundo vencimiento de la factura.
“Me preocupa sobremanera que, privatizada la empresa, no se hagan las inversiones necesarias para alcanzar la totalidad del área de cobertura”, sostuvo Gray al presentar el amparo. En ese sentido, remarcó la necesidad de ampliar la infraestructura de agua potable y desagües cloacales en municipios como Esteban Echeverría, que continúan registrando necesidades vinculadas al crecimiento poblacional y urbano.
