La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sancionó una resolución con la intención de regular las protestas sociales. La normativa denominada “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”.
El debate por el nuevo protocolo anti piquetes en la región: ¿Qué derecho debe prevalecer?
Un especialista en derecho administrativo consideró correcto el protocolo. Un líder de una organización social se mostró en contra de "la represión" y de la amenaza de cortar planes sociales a manifestantes.
23 de diciembre de 2023 - 13:00
El conocido popularmente como “protocolo anti piquetes” fue presentado por Bullrich la semana pasada, en donde puntualizó que “el propósito de este protocolo es hacer cumplir la ley. Como dice el Presidente de la Nación, ‘el que las hace las paga’. Y cuidar a todos los que nos cuidan, estableciendo un protocolo de actuación correcta”.
La nueva medida se puso a prueba el miércoles 20 de diciembre, en el marco de una marcha que hicieron el Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda para conmemorar un nuevo aniversario de los sucesos de diciembre de 2001, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Fernando De La Rúa.
Durante el operativo que se desarrolló en el centro porteño, la Policía intentó imponer que las personas caminen por la vereda, sin interrumpir el tránsito. Sin embargo, las fuerzas de seguridad fueron sobrepasadas por las columnas que se movilizaban por Diagonal Norte y Diagonal Sur, a través de las cuales avanzaron hacia Plaza de Mayo, destino final de la marcha.
Previamente, las fuerzas de seguridad habían controlado distintos medios de transporte para evitar que los manifestantes se movilicen a la Ciudad de Buenos Aires, en un procedimiento que incluyó filmaciones.
Respecto a la constitucionalidad del protocolo Diego Paulo Isabella, abogado, docente universitario y Director del Instituto de Derecho de Acceso a la Justicia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, puntualizó en diálogo con El Diario Sur que “es válido desde el punto constitucional debido a que hace convivir el derecho a una protesta organizada sin que sea necesario obstaculizar la vía pública”.
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En ese sentido, Paulo Isabella destacó que la situación es compleja porque “hay dos derechos que deben convivir: el tránsito libre por la vía pública con la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, todos de raigambre constitucional”.
“Hay que pensar cómo hacemos para que convivan porque lo que ha sucedido hasta acá es que prevaleció el derecho a manifestarse por sobre el de libre tránsito, lo que demuestra que las anteriores políticas con respecto al tema no han funcionado”, añadió el especialista en Derecho Administrativo.
De esa manera Paulo Isabella expresó que el protocolo “ha podido ser aplicado adecuadamente (en las protestas del miércoles) en el marco del sistema democrático, en el que tiene que haber buena fe y tolerancia de las dos partes. No puede haber desmanes porque no estamos de acuerdo con determinada política”.
La postura de las organizaciones de la región
Jorge “Tutu” Bonifacio, líder de la organización Nuestramérica en San Vicente, expresó respecto al protocolo anti piquetes del Gobierno que “lo que se implementó es algo ilegal porque le impide a la gente ejercer su derecho a manifestarse”.
“En nuestro caso, nosotros no participamos porque no quisimos exponer a los compañeros tanto a la represión como a la posibilidad de que le sacaran los planes sociales a los que participaran, como amenazaron en la previa”, comentó Bonifacio.
“Yo creo que no funcionó el protocolo porque al final la policía terminó cortando la calle, para impedir que los manifestantes las corten. Después vimos cortes en el Congreso, no solo por los piqueteros sino también por las clases medias, a las que no les quedó otra que comenzar a protestar”, finalizó el referente de la organización social y concejal por UP en San Vicente.
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