El que cierra y el que aumenta la luz

El “pre acuerdo” entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional dejó esta semana de ser un tema de economistas y políticos de primer nivel y ahora pasó al llano. Con la necesidad de cumplir con el programa de reducción del déficit fiscal que demanda el organismo, la administración de Alberto Fernández hizo pública la decisión de “segmentar” las tarifas de electricidad y gas y retirar los subsidios a casi medio millón de usuarios de Capital y el Conurbano que viven en sectores de mayor poder adquisitivo.

La cuestión de los subsidios a las tarifas es el primer paso que marca la hoja de ruta del FMI para corregir el déficit fiscal. Según cálculos de diferentes expertos, el gasto en subsidios para alivianar las boletas de gas y de luz tiene un volumen del 2,5% del PBI, lo que sería más de la mitad del déficit que tiene que bajar el gobierno. Llegar a ese equilibrio implicaría un aumento superior al 120% en las boletas de todos los usuarios del país; incluso hay cálculos que estiran esa cifra.

Lo que se conoció esta semana sobre la segmentación tarifaria realizada por equipos técnicos del Enre y el Conicet dejó la sensación de un trabajo práctico hecho para entregar de apuro. A once sectores de la Ciudad de Buenos Aires, a barrios de San Isidro y Vicente López y a todos los countries del conurbano les retirarán el total del subsidio. Los sectores más críticos del Gobierno adujeron que más que criterios técnicos parecería haber primado la especulación política: los aumentos del 120% son para los sectores en los que el oficialismo no tiene chances de hacer una buena performance electoral. Todo los demás, quedan a salvo y manteniendo el mismo régimen de subsidios como hasta ahora, con un aumento de tarifas que no superará el 20%.

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Este esquema implicaría algunas distorsiones: usuarios de barrios acomodados de la ciudad y el conurbano (por ejemplo, las zonas tradicionales de Adrogué, Banfield o Lomas) seguirían recibiendo el subsidio pleno, a pesar de que la valuación inmobiliaria de sus propiedades supera a la de muchos countries incluidos en el ajuste. Advertido de esta situación y de que el ajuste todavía está lejos de lo que demanda el FMI, el Gobierno dejó trascender que para mediados de año se daría otro paso con la segmentación para incluir a “sectores medios”, con retiros parciales de los subsidios.

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, mencionó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, se encuentran delineando los detalles para implementar el aumento. Un año atrás, Guzmán fue desautorizado cuando quiso echar a Martínez y a su segundo, Federico Basualdo, para poder hacer en ese momento una actualización de las tarifas acorde al aumento de los costos. Pero entonces, en la previa del año electoral, se impuso la postura del sector de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de mantener la plenitud de los subsidios. El aumento tarifario en 2021 fue del 9%, muy por debajo de la inflación. El congelamiento de las tarifas de 2020 y ese módico aumento del año pasado son las causas del actual atraso tarifario, que pone al Gobierno ante una situación más complicada, ahora con la presión extra del FMI.

Pero independientemente de los criterios del Fondo, existe cierto consenso entre economistas a un lado y otro de la grieta sobre los riesgos de mantener subsidios de forma indiscriminada a la energía, dado que si aumentara el consumo –porque la energía se volvería más barata en relación con los otros precios de la economía- no habría dólares disponibles para hacer frente al abastecimiento.

Esta posición “a favor” de los aumentos es difícil de decir en voz alta en un país con 50% de inflación anual, casi 50% de pobreza y donde los salarios se deterioran mes a mes. Ni los vecinos de los countries de Canning se mostraron favorables: todos pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que a partir de marzo tendrán que afrontar boletas de luz de alrededor de 12 mil pesos (siempre y cuando no se exceda con el consumo) y otro tanto de gas. Y eso que se trata de un sector que, según los datos electorales, vota mayoritariamente por alternativas políticas proclives a reducir el gasto público.

Las tarifas son para el kirchnerismo una vieja obsesión, enraizada en “los buenos tiempos” de Néstor y Cristina. También fue uno de sus caballitos de batalla cuando fueron oposición del macrismo. El entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, se las dejó servida: su entrega a las planillas de Excel provocó un shock para el que los argentinos no estaban preparados y se ganó repudios incluso en su propia coalición, que le costaron el puesto.

Con el lastre de Aranguren a cuestas, el macrismo había logrado ganar las elecciones de 2017. Pero cayó en las urnas en 2019, adonde llegó con una macroeconomía inestable: alta inflación, endeudamiento y subas reiteradas del dólar.

Ahora el Gobierno debe definir qué rumbo toma, presionado por los desacuerdos entre los socios de la coalición, las exigencias del FMI, los desórdenes de la economía y la necesidad política de llegar competitivos a 2023.